Diario el Reforma 1/junio/2007
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Dos caras tiene la crisis en la Universidad de las Américas-Puebla: la pretensión de desplazar a sus actuales gobernantes, y la abrupta interrupción de un proceso para inaugurar o mejorar la representación comunitaria, que ha derivado en actos contrarios a la vida académica
El 23 de mayo hice en este lugar la primera aproximación pública a la crisis que vive la Universidad de las Américas-Puebla, que hoy no está caracterizada por su lema, que da título a esta columna. La de aquel miércoles generó una gran cantidad de mensajes, de la más variada naturaleza, desde el enviado por un vendedor de terrenos en el estado de México interesado en colocar su mercancía en caso de una fractura de la UDLA, hasta quienes ensalzaron el papel del equipo de futbol Aztecas en la vida universitaria y personal de muchos de sus miembros, pasando por un cobarde recado anónimo y paranoico (su autor se siente perseguido) practicante del más vulgar chismorreo.
Predominaron, sin embargo, las expresiones de preocupación por lo que ocurre en la universidad. Colijo de sus contenidos que la crisis tiene al menos dos vertientes. Una es la denunciada por el propio patronato de la UDLA y su rector, Pedro Ángel Palou, que denunciaron el activismo de Neil Lindley, miembro del Consejo Universitario, afanoso por introducir intereses norteamericanos que controlen esa universidad bilingüe, bicultural y binacional. Otra es la que bulle en el ambiente profesoral y estudiantil por diversas medidas y actitudes atribuidas a Palou. Las comunicaciones recibidas denotan que en varios departamentos se agudizó desde comienzos de este año una inquietud en pos de más representativas formas de gobierno interior, que remediaran o evitaran en lo futuro la adopción de disposiciones que los afectados juzgan ajenas y aun contrarias a la vida académica.
En respuesta a la expresión más acabada de ese género de preocupaciones -una carta de numerosos profesores, dirigida al entonces vicerrector Luis Foncerrada-, Palou aceptó el 8 de febrero comenzar el proceso para integrar el Colegio Académico, en cuyo proyecto profesores y autoridades trabajaron intensamente durante marzo, abril y mayo, hasta que el Día de las Madres el rector lo detuvo, a efectos de que el documento resultante de las deliberaciones fuera examinado jurídicamente. Para entonces se había agudizado el conflicto con Lindley y el rector Palou asoció los dos fenómenos, el del activismo académico con la presunta injerencia extranjera, y procedió a despedir a personal académico. Sus críticos niegan que haya vínculo alguno entre las dos cadenas de hechos y recuerdan que actitudes autoritarias de Palou -como la clausura del semanario estudiantil La catarina, y otros despidos y nombramientos injustificados- son anteriores a la irrupción de Lindley.
Por su formalidad, por su tono y por su información, recojo la carta que profesores del Departamento de Economía, el más afectado por la crisis, dirigieron el martes pasado al rector, en protesta por la petición de renuncia, el 17 de mayo (Palou ha explicado que por pérdida de confianza) a los doctores Felipe Bello, Gonzalo Castañeda, Marcelo Delajara, María Eugenia Ibarrarán e Isidro Soloaga. Se inconforman, en primer lugar, por el modo: "se utilizó innecesariamente guardia interna, lo cual atentó contra la dignidad de los profesores y fue ofensivo para las personas que lo atestiguaron" y porque "la remoción no se ha sustentado en el incumplimiento de las responsabilidades académicas... de los afectados".
Los inconformes, todos ellos doctores y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, diagnostican que "la decisión de prescindir de los servicios académicos de nuestros colegas ha puesto en riesgo inminente la viabilidad a corto plazo del Departamento de Economía y del Centro de Investigación en Economía y Políticas Públicas (CIEPP). Se deja sin supervisor de tesis a varios candidatos a doctor en economía en distintas generaciones, se dejan inconclusas diversas tesis de maestría y licenciatura y se pierden con nuestros investigadores proyectos de investigación nacional e internacional". Hacen notar también que "se debe justificar ante el Conacyt la remoción de cuatro miembros del SIN, la posible deriva de varios estudiantes de posgrado que cuentan con el apoyo del Consejo y la dificultad de sostener en el Padrón Nacional de Posgrados nuestros programas de maestría y doctorado en economía". Es decir, resumen los inconformes, con el despido de sus compañeros, "se ha mermado seriamente la capacidad del departamento para, en un futuro inmediato: a) impartir cursos de calidad en los programas de licenciatura, maestría y doctorado; b) asesorar tesis, particularmente en los programas de posgrado; c) continuar con el mismo número y calidad de proyectos de investigación que ha caracterizado la historia reciente del Departamento. Por tanto, el Departamento no está en condiciones, hoy, de abrir a nuevo ingreso de estudiantes los programas de maestría y doctorado en Economía, ni los programas de licenciatura en Sociomática y licenciatura en Banca e inversiones".
Los profesores comunicaron al rector su convicción de que "lo acontecido", y no se refieren con ello sólo a los despidos, "afectan la imagen de la UDLAP en cuanto al debido respeto a la libertad académica. Las libertades de opinión y asociación no sólo son parte del trabajo académico sino que están consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 19 y 20)".
Terminan denunciado una medida en su propio perjuicio: "El monitoreo constante que se tiene actualmente hacia nuestro Departamento por parte de elementos de seguridad, dificulta la normal convivencia y confianza que debe predominar en un ambiente universitario".
